Sería muy difícil modificar los comportamientos de las instituciones públicas si no hay una profunda reforma de la Administración pública, y resulta difícil pensar que ésta se pueda hacer a corto plazo, ya sea por UCD o por cualquier otro partido. Y es difícil porque basta examinar la estructura y composición del Consejo de Ministros para darse cuenta de que si ésos tienen que reformar la Administración, la Administración va a tardar en ser reformada. Pero es que si esa reforma tiene que ser hecha por un partido como el PSOE, que teóricamente tiene voluntad reformista en ese sentido, nos encontramos con esa gran masa de funcionarios medios seguidores del PSOE, que se opondrán con rigor, y la reforma, igualmente, irá para largo.
(Chamorro: pp. 82-83)
Y es que la tan traída y llevada reforma de la Administración pública, como bien previera Garrigues Walker, ha ocupado a menudo el lugar central de las ambiciones reformistas de nuestros políticos, pero de momento casi todas las promesas han caído en saco roto. Digo "casi" porque algo se ha avanzado, la verdad. Tampoco hay que ser tan pesimista. Nuestra Administración se ha modernizado, se ha puesto al día, y en buena parte ha conseguido incluso profesionalizarse y abrirse a la sociedad gracias al uso de las oposiciones, por mucho que las denostemos. Cierto, queda aún mucho por hacer. El enchufismo sigue siendo un mal endémico en nuestra sociedad (por cierto, no solamente en la esfera pública, sino también en la empresa privada, todo hay que decirlo) y la Administración todavía requiere avanzar mucho para mejorar su eficiencia y productividad, en lugar de poner obstáculos constantes en la creación de riqueza por parte de nuestras empresas y sacar de quicio a nuestros conciudadanos cuando hayan de hacer sus gestiones.
El problema, claro, está en cómo llevar a cabo dichas reformas cuando, como acertadamente indicaba Garrigues Walker, la amplia mayoría de nuestros políticos son, precisamente, funcionarios. Este debe ser uno de los pocos países avanzados donde hasta la derecha se muestra orgullosa de contar con líderes y portavoces supuestamente muy capaces no por los problemas que hayan solucionado en el transcurso de su carrera política, ni tampoco por sus acertados análisis políticos, sociales o económicos, ni mucho menos por su demostrado éxito a la hora de crear una empresa de éxito, sino únicamente por haber pasado unas oposiciones a abogado del Estado con honores. Y es que la mentalidad del opositor está tan extendida entre nosotros que hasta quienes —se supone— han subrayar la importancia de la innovación y halagar el espíritu emprendedor se deshacen en elogios ante quienes simplemente demuestran la suficiente capacidad de memorización como para destacar en unas oposiciones. Vamos, que en un contexto en el que la mayor ilusión de cualquier madre es que su retoño acabe trabajando para la Administración pública y, una vez llegado ahí, se agarre con uñas y dientes a los derechos adquiridos, se hace bien difícil coger el toro por los cuernos y afrontar la siempre pospuesta reforma. Supongo que, tarde o temprano, alguien se atreverá a hacerla, pero uno ya puede imaginarse las huelgas y manifestaciones que paralizarán el país de punta a punta.
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